El 3 de marzo de 2026, el país presentó formalmente una declaración de intervención ante el tribunal internacional con sede
El 3 de marzo de 2026, el país presentó formalmente una declaración de intervención ante el tribunal internacional con sede en La Haya. Al respecto, la abogada Dannia Ríos Nacif explicó esta figura jurídica permite a los Estados que son parte de un tratado —en este caso la Convención contra el Genocidio— participar en el proceso cuando la interpretación de ese acuerdo puede afectarles directamente.
Señaló que la decisión paraguaya no implica que el país se alinee con una de las partes en disputa. Expresó que, de acuerdo con la posición expuesta, el objetivo central es defender una interpretación estricta del concepto de genocidio dentro del derecho internacional, debido a que el fallo que emita la corte será vinculante para todos los Estados firmantes de la convención.
Según Ríos, el argumento central es que la interpretación que adopte la CIJ sobre el genocidio servirá como parámetro jurídico para los Estados en el futuro. En ese sentido, Paraguay sostiene que el término debe mantenerse dentro de los criterios definidos por el tratado de 1948 y no ampliarse de forma que pueda utilizarse como una etiqueta política en cualquier conflicto armado.
La preocupación radica en que una interpretación demasiado amplia podría desdibujar la gravedad del crimen de genocidio, considerado uno de los delitos más graves en el derecho internacional.
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