En su decreto que objeta el proyecto de ley N° 5896/2017 que fomenta fuentes de energías renovables, el Ejecutivo argumenta que, además de causar perjuicios patrimoniales a la ANDE, no es consistente con la Política Energética.
El Decreto N° 7903 del 20 de octubre de 2017, por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley que fomenta fuentes renovables de energías no convencionales, sostiene que el cumplimiento de dicha normativa representaría un alto costo para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), puesto que para la contratación de energía de los generadores de hasta 2 MW de potencia –como se indica en el Art. 12°, inciso a– se deberían llevar adelante cuando menos 100 procesos de licitación con los consiguientes gastos para la empresa estatal, teniendo en cuenta los diversos factores que implican...
Cabe mencionar que la ley vetada, además de convertir a la eléctrica estatal en cliente obligado de las empresas del sector de energías renovables y no convencionales, le impone que ceda gratuitamente sus líneas de transmisión y redes de distribución (Art. 7º) “en un radio de 40 km2 para inyectar energía al sistema o para la exportación”.
El Decreto 7903 añade sobre este punto que de aplicarse la nueva normativa “...podría causar gravísimos perjuicios patrimoniales a la ANDE”.
Otro punto objetado señala que si se incluyen las exportaciones de energía como referencia al consumo obligatorio, tales como la cesión de energía de Itaipú y Yacyretá, el monto sería fijo en los primeros 10 años, equivalentes a 2.800.000 MWh-año, es decir, tres veces la producción de la central hidroeléctrica Acaray.
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