Algunos, como Efraín Alegre y Rafael Filizzola, ni siquiera fueron al diálogo convocado por el gobierno, pese a que su objetivo era nada menos que buscar mecanismos para zanjar la crisis política, que a todos nos afecta. Otros sí, como el presidente del Senado Robert Acevedo, quien se comprometió
Algunos, como Efraín Alegre y Rafael Filizzola, ni siquiera fueron al diálogo convocado por el gobierno, pese a que su objetivo era nada menos que buscar mecanismos para zanjar la crisis política, que a todos nos afecta. Otros sí, como el presidente del Senado Robert Acevedo, quien se comprometió públicamente a asistir a la reunión pautada para el próximo viernes, a fin de discutir sobre la enmienda, pero luego recibió nuevas instrucciones y anunció que ya no concurrirá a futuros encuentros, demostrando con ello no estar a la altura de la investidura que ostenta, ni actuar en representación...
¿Acaso estos posicionamientos políticos invalidan la iniciativa? Definitivamente, no. El diálogo debe seguir siendo defendido como el mecanismo fundamental para que los actores políticos, sin renunciar a sus posturas, puedan hallar las formas de administrar de manera civilizada sus diferencias. Habrá que ver lo que tienen por decir otros protagonistas muy importantes de la vida nacional, como los gremios de empresarios, las Centrales Sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil, pues la marcha del país no depende ni puede depender de un puñado de políticos que, por intereses...
En esta dirección, la de los palos y los cascotes, pretende avanzar el oficialismo liberal y los grupos menores que se aglutinan a su alrededor, como el PDP de Filizzola y Masi, que ya convocan a nuevas movilizaciones “hasta que se retire la enmienda”, es decir, hasta imponer su voluntad por la fuerza. Y lo hacen con el apoyo incondicional de la disidencia colorada, de los “Añeteté”, como se autodenominan ellos, que alientan desde la oscuridad a sus aliados antigubernamentales para que estos hagan todo el trabajo sucio.
Estos sectores están desarrollando una “lógica” extremadamente peligrosa y opuesta al funcionamiento institucional de la República. Según ellos, si un Poder del Estado adopta una resolución que no es de su agrado, la cuestión es simple: Aplicar la estrategia de “armar quilombo” hasta lograr su objetivo, lo que resulta inaceptable en un Estado de Derecho, pues para eso están los organismos jurisdiccionales a los que se puede apelar en el caso de considerar ilegal o inconstitucional la decisión que se cuestiona.
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