La administración de Javier Milei anunció este lunes el cierre de 81 oficinas del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en toda Argentina, entidades que brindan servicios de atención legal primaria gratuita, como parte de su política de recorte del gasto público.
La información fue confirmada a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, en el que la entidad señala que se cerrarán los CAJ después de haber hecho una auditoría a estos centros desde diciembre pasado y concluir que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias".
"El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones", dice el texto.
Según el Ministerio de Justicia, estos centros le costaban al erario público más de 8.000 millones de pesos (8,8 millones de dólares) por año.
Para esta administración, es "injustificable" la financiación de más oficinas, tomando en cuenta que los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, del Defensor del Pueblo y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos.
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