Con base en una propuesta inicial del senador del Frente Guasu Sixto Pereira, el presidente de la Cámara Alta, Robert Acevedo, designaría a profesionales del Derecho –paraguayos y extranjeros– para que emitan un dictamen sobre el caso Curuguaty. La sugerencia se enmarca en la fuerte campaña, de innegable connotación política, desatada contra el fallo del Tribunal de Sentencia, que también incluye la ocupación ilícita de la sala en la que se realizó el juicio. Si la iniciativa de Pereira fuera aceptada, el Senado asumiría una facultad no prevista en la Constitución y, de hecho, atentaría contra la independencia del Poder Judicial. La limitación de no abordar cuestiones jurisdiccionales concuerda con la prohibición constitucional de que los miembros de los otros poderes se arroguen atribuciones judiciales no expresamente previstas en la Constitución, revivan procesos fenecidos, paralicen los existentes o intervengan “de cualquier modo en los juicios”. Lo que aquí está en juego es la independencia del Poder Judicial, o sea, la vigencia de la Constitución en un asunto de singular relevancia para el Estado de Derecho.
Con base en una propuesta inicial del senador del Frente Guasu Sixto Pereira, el presidente de la Cámara Alta, Robert Acevedo, designaría a profesionales del Derecho –paraguayos y extranjeros– para que emitan un dictamen sobre el caso Curuguaty. La sugerencia se enmarca en la fuerte campaña, de innegable connotación política, desatada contra el fallo del Tribunal de Sentencia, que también incluye la ocupación ilícita de la sala en la que se realizó el juicio. Si la iniciativa de Pereira fuera aceptada, el Senado asumiría una facultad no prevista en la Constitución y, de hecho, atentaría...
En efecto, el art. 3º de la Ley Fundamental dice que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ejercen el gobierno “en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”. En lo que al Congreso y a la magistratura respecta, ese control recíproco es ejercido mediante los mecanismos previstos en diversas normas constitucionales. El Poder Judicial controla al Legislativo en la medida en que la Corte Suprema de Justicia puede “conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes (…), declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta...
Por su parte, las Cámaras del Congreso pueden controlar a la magistratura solicitándole informes (art. 192) o instalando “comisiones conjuntas de investigación” (art. 195) sobre asuntos de interés público que no tengan relación con la actividad o materia jurisdiccional. Es decir, las Cámaras pueden pedir por separado al Poder Judicial informes sobre cuestiones administrativas o constituir una comisión conjunta para investigar algún caso de corrupción, pero no pueden pedir explicaciones o inmiscuirse en un proceso, como es el notorio propósito de la propuesta del senador Pereira.
La limitación de no abordar cuestiones jurisdiccionales concuerda con la prohibición de que los miembros de los otros poderes se arroguen atribuciones judiciales no expresamente previstas en la Constitución, revivan procesos fenecidos, paralicen los existentes o intervengan “DE CUALQUIER MODO EN LOS JUICIOS” (art. 248). Por eso mismo también, los magistrados no pueden ser citados ni interpelados ni, desde luego, sometidos a un voto de censura.
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