SAN LORENZO. Dos contratistas procesados en el caso más conocido como “facturas clonadas” que involucra a la Gobernación del departamento Central obtuvieron la suspensión condicional como salida procesal. Los imputados reconocieron la participación en el hecho que investiga el Ministerio Público y ofrecieron resarcir el daño patrimonial causado. Además, afirmaron a la Fiscalía de Delitos Económicos que existió un esquema creado para causar lesión.
Otorgan suspensión condicional para dos procesados en caso facturas clonadas y aceptan reparar el daño
Se trata de los contratistas Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez, quienes fueron imputados el 1 de noviembre de 2021 como cómplices de los hechos de lesión de confianza y declaración falsa, así como también en carácter de coautor de asociación criminal, en la causa investigada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción que involucra a la Gobernación de Central, referente a la supuesta mala ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19, en cuya rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas reemplazadas, obras que aparentemente...
Según la hipótesis de los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, los contratistas Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez habrían prestado sus facturas para reemplazar otras. Luego de las investigaciones realizadas, finalmente los agentes del Ministerio Público solicitaron para ambos procesados la suspensión condicional del procedimiento y como regla de conducta ofrecieron reparar el daño, por un lado, particular, a favor de la Gobernación del departamento Central y, otra, social, a una institución pública de Central.
En este contexto, el pasado jueves se llevó a cabo la audiencia en el Juzgado de San Lorenzo ante la magistrada del caso María Elena Cañete, quien se allanó a lo solicitado por la Fiscalía de Delitos Económicos, no así a lo pedido por la defensa de ambos imputados. Los procesados obtuvieron de esta manera la suspensión condicional por el plazo de un año.
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