El exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado por la ANR, Oscar Núñez, solicitó a la Cámara de Apelación que anule la condena de 11 años de cárcel que le fue impuesta en un juicio oral. En su escrito, critica toda la sentencia del Tribunal presidido por Elsa García e integrado por Claudia Criscioni y Cándida […]
El exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado por la ANR, Oscar Núñez, solicitó a la Cámara de Apelación que anule la condena de 11 años de cárcel que le fue impuesta en un juicio oral. En su escrito, critica toda la sentencia del Tribunal presidido por Elsa García e integrado por Claudia Criscioni y Cándida Fleitas. Pide a la Cámara que disponga su sobreseimiento definitivo por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por prescripción; y ordene la realización de una nueva audiencia pública por el delito de administración en provecho propio.
En la propuesta de solución, la defensa de Núñez puntualiza que “como se vio, lo apuntado no implica una revaloración de las pruebas producidas, sino que las mismas jamás pudieron llevar al convencimiento judicial condenatorio, conforme a las reglas de la sana crítica, y la fundamentación deficiente del Tribunal la hace arbitraria e infundada, conforme lo visto”.
“Y en varios aspectos se afectó la congruencia entre el auto de apertura a juicio y la sentencia con relación a la inexistencia de los hechos asentados en aquella, confusión en cuanto a los recesos y suspensiones, con la acreditación del agravio concreto acontecido en la parte final de la jornada del 6 de febrero de 2023 y del 8 de febrero de 2023, la prescripción parcial de los hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, de acuerdo con la causa Nº 30/2014, la falta de competencia funcional del Tribunal de Sentencia, pues había decisiones pendientes de...
“Finalmente, la pena impuesta no se encuentra motivada según el alcance del artículo 65 (con una lectura integral), con una doble valoración de las circunstancias del tipo, lo cual está prohibido, y los argumentos utilizados hacen lucir con claridad una equivocada determinación de la pena y una interpretación en perjuicio del procesado”, agrega la defensa.
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