Pese a los intentos hechos hasta ahora de suprimir esa colusión que se constituyó entre el Estado y una asociación civil –la Opaci–, la misma continúa igual y, en consecuencia, esta última entidad sigue apropiándose de 10.000 guaraníes por cada licencia de conducir que se renueva anualmente en las municipalidades que la integran, considerando que varias de ellas se retiraron de la organización. Según se declara, esta “asociación” particular de munícipes, que no tiene carácter público y, por tanto, se maneja con sus estatutos, como cualquier sociedad civil, percibió 182.000 millones de guaraníes entre el 2010 y el 2015. Históricamente, la tal Opaci fue una creación de la dictadura y estuvo destinada a abrir una fuente de recursos financieros para ser utilizada en lo que más conviniera, siempre dentro del campo de lo político-partidario. La tajada que sacaba esta organización de las revalidaciones de registros de conducir era como los peajes de las rutas: nadie sabía a dónde iba a parar el dinero, aunque se podía sospechar –como ahora– con bastante facilidad. La Opaci recauda mucho dinero y, que se sepa o se vea, no lo invierte en nada útil para los contribuyentes de los municipios afectados, de modo que cabe indagar a qué finalidades se destinaron esos recursos y quiénes se aprovechan de los “maletines” que generan.
Pese a los intentos hechos hasta ahora de suprimir esa colusión que se constituyó entre el Estado y una asociación civil –en este caso, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci)–, la misma continúa igual y, en consecuencia, esta última entidad sigue apropiándose de 10.000 guaraníes por cada licencia de conducir que se renueva anualmente en las municipalidades que la integran, considerando que varias de ellas se retiraron de la organización. Según se declara, esta “asociación” particular de munícipes, que no tiene carácter público y, por tanto, se maneja con sus...
Históricamente, la tal Opaci fue una creación de la dictadura y estuvo destinada a abrir una fuente de recursos financieros para ser utilizada en lo que más conviniera, siempre dentro del campo de lo político-partidario. La tajada que sacaba esta organización de las revalidaciones de registros de conductor era como los peajes de las rutas: nadie sabía a dónde iba a parar el dinero, aunque se podía sospechar –como ahora– con bastante facilidad.
La norma que le dio carácter oficial a esta rebuscada vinculación jurídica “contra natura” fue la Ley Nº 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, que en su art. 15 introdujo, entre las funciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, lo siguiente: “g) organizar, implementar y supervisar el funcionamiento del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, en coordinación con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci); i) coordinar con las Municipalidades, a través de la Organización Paraguaya de...
Debido a las quejas de los perjudicados y a las publicaciones de prensa alertando sobre este adefesio legal, la Cámara de Diputados intentó corregirlo mediante una ley modificatoria de la antes citada –que llevó el N° 5799/17–, pero que fue vetada por el presidente Cartes. Ante tal circunstancia, la Cámara terminó archivándola. De esta manera, quedó trunco el único intento formal realizado para corregir una situación extorsiva, inconstitucional por donde se la mire, si se tiene en cuenta que los tributos solo pueden ser creados por ley.
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