WASHINGTON (EFE). La Organización de Estados Americanos (OEA) dio al gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, una última oportunidad para buscar una “solución pacífica y eficaz” a la crisis política que atraviesa desde abril de 2018. De fracasar esa iniciativa, amenaza con expulsar a su país del organismo.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 328 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado al Gobierno de Ortega de cometer crímenes “de lesa humanidad”.
La OEA aprobó la creación de una comisión para dialogar con Ortega e intentar buscar una salida a la crisis. De fracasar esas gestiones diplomáticas, la OEA iniciará el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que contempla la posibilidad de suspender a un Estado cuando se produce una “alteración de su orden constitucional”.
La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene la OEA y, en sus 70 años de historia, el organismo solo ha aplicado ese castigo a dos Estados: Honduras (2009), después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente; y Cuba (1959) tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro.
La OEA aprobó también una resolución para reclamar una investigación “creíble” para enjuiciar a quienes han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela, bajo régimen de Nicolás Maduro. Esta medida busca crear fisuras en el círculo cercano al dictador venezolano.
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