Dirigentes de la comisión de víctimas de la masacre de Curuguaty advirtieron que se quedarán en forma definitiva en el lugar que están ocupando desde hace más de dos meses, porque consideran que las tierras pertenecen al Estado, a pesar de haberse promulgado recientemente la ley Nº 5.530, por la que se acepta la donación de 1.700 hectáreas por parte de la firma Campos Morombí.
Por Elías Cabral, corresponsal La mencionada propiedad fue también destinada a una reserva natural con la denominación "Reserva Ybera" a cargo de la Secretaria del Ambiente (SEAM). Unas 90 familias se encuentran asentadas actualmente en el inmueble situado a pocos metros de la cruz principal que fue erigido en memoria de las 17 personas fallecidas durante un enfrentamiento entre policías y campesinos en el 2012.
Cada familia ha tomado posesión de una porción de tierra marcando a través de deslindes, 100 metros de frente y 1000 metros de fondo donde tienen construidas sus viviendas. "Nosotros quedaremos aquí en forma definitiva, que hagan la reserva y también el asentamiento; resistiremos aquí porque vemos que el Gobierno no nos ofrece nada y todos sabemos que estas tierras son públicas", expresó Reinaldo Castro presidente de la comisión de víctimas. El hombre también aseguró que no talan árboles. "Aprovechamos maderas secas e instalamos chacras comunitarias con cultivos para consumo", insistió.
Cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó la Ley que transfiere a título gratuito a favor de la SEAM el inmueble individualizado como finca Nº 30 Padrón Nº 61 del distrito de Curuguaty, que posteriormente fue promulgada por el jefe de Estado, ley que fue fuertemente cuestionada por varios sectores de la sociedad, al considerar que no correspondía haber aceptado unas tierras que ya pertenecen al Estado.
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