De acuerdo a la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, algunas obras continuarán sin sobresaltos, mientras otras se ralentizarán o directamente no arrancarán, condicionadas por la deuda del Estado de US$ 360 millones con las empresas constructoras.El punto crítico no es la falta total de recursos, sino la capacidad de pago. La deuda acumulada que afecta la previsibilidad del sector y obliga a ajustar el ritmo de ejecución.
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