Los obispos de la zona norte del país exigieron mediante un comunicado que sea derogada la ley que crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Denunciaron que los uniformados realizan detenciones irregulares, atropellos, torturas y hasta acoso sexual.
"Nos unimos al dolor de ña Obdulia, don Apolonio, padres de Edelio Morínigo; de don Félix Urbieta y con las demás víctimas de los secuestros y sus familias", expresa primero el documento.
Los religiosos se solidarizan con los sacerdotes Pablo Cáceres, de la Diócesis de Concepción, y Cristhian Paiva, de la Diócesis de San Pedro Apóstol, destacando el acompañamiento que hacen a "las víctimas de los abusos de las fuerzas públicas y de los organismos del Estado".
En el comunicado, los obispos aseguran que los pobladores del norte son víctimas de abusos por parte de las fuerzas públicas: "A través de la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, que utiliza la fuerza pública en forma desmedida, atropellando los hogares y destruyendo sus humildes pertenencias; realizando intervenciones con detenciones irregulares, torturas, extorsiones, acoso sexual, maltratos físicos y psicológicos".
Un punto destacado del pronunciamiento se refiere al intento de conversar con la FTC, sin éxito: “Asistimos con dolor las noticias de los rehenes muertos y de otros cuya suerte está en la incertidumbre y desconfianza, la muerte de campesinos, policías y militares, el ambiente de zozobra y miedo en varias comunidades. Lamentamos la decisión de la FTC, que ha cerrado las puertas del diálogo en la búsqueda de soluciones con la Pastoral Social”.
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