La última lluvia arrastró el muro de contención construido el año pasado por el intendente liberal Armando Gómez. En julio de este año ya se había resquebrajado parte de la estructura, y Gómez habló de sabotaje. La investigación tiene la fiscala Blanca Agüero.
Solo tierra, arena y restos de cemento quedaron en el barranco del arroyo Lambaré, sobre la calle Vencedores del Chaco, donde la Comuna lambareña invirtió G. 1.000 millones en la construcción del muro.
El dinero entregó el intendente Gómez a la comisión vecinal San Vicente de Paul, que adjudicó la obra de forma directa, sin licitación, a tres empresas (Las Primas, Mármol y Coinser), vinculadas a familiares del candidato a la Gobernación de Central Líder Amarilla Ríos, de la misma agrupación política de Gómez.
Otro contrato otorgó de forma directa la Municipalidad a una empresa llamada Clase A, según la carpeta fiscal. La licitación bajo la figura de la excepción fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero aún así la Comuna siguió con su ejecución.
La fiscala Blanca Agüero explicó ayer a ABC que en marzo de este año el intendente Gómez fue imputado por lesión de confianza en esta causa. Como ordenador de gastos, no debió entregar dinero a una comisión vecinal para ejecutar obras, porque las leyes lo prohiben, dijo. “Como la Ley 2051 establece un tope para las adjudicaciones directas, entonces la intendencia parceló la obra para adjudicar de forma directa sin licitación o entregar el dinero a las comisiones vecinales para ejecutarlas. Esta es una práctica ilegal de todas las municipalidades del país”, agregó la fiscala.
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