Ayer no se pudo realizar la audiencia para entregar las copias de los materiales audiovisuales del 31M, a la defensa del policía Gustavo Florentín, único acusado por la muerte de Rodrigo Quintana en el PLRA. Una de las querellas planteó un incidente y debido a esto se suspendió la diligencia.
Los abogados Ana Mora y Óscar Ramírez plantearon la nulidad de la providencia que fijaba la audiencia. Los asesores de la querellante Leticia Redes, expareja del joven asesinado, alegaron que existe una casación pendiente de resolución en la Sala Penal de la Corte.
“Ya son dos años que no podemos hacer la audiencia preliminar, la conducta procesal de la abogada querellante ya roza los principios de litigar con buena fe, porque ella ya tiene resolución firme que confirma su exclusión de la causa”, dijo el abogado Guillermo Duarte, asesor de la familia de Rodrigo Quintana.
Añadió que la querella no tiene interés en que avance este proceso, y explicó que, hasta tanto no se entreguen los vídeos, el juez Alcides Corbeta no podrá fijar fecha de la audiencia preliminar, en la que se resolverá si se eleva la causa a juicio oral y público.
Ante el incidente de la querella, Corbeta solicitó informe a la Sala Penal de la Corte, para saber si existe una suspensión del proceso debido a la casación.
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