El autoritarismo del gobierno de Horacio Cartes tuvo su punto más álgido cuando, al buscar la reelección, hizo “uso y abuso” del terrorismo de Estado en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril.
La jornada culminó con el atraco policial a la sede del PLRA –nunca visto, ni en dictadura– y el asesinato de Rodrigo Quintana.
Tras recuperar la incendiada sede del Congreso –abandonada por orden superior, dando lugar a su invasión y quema–, agentes de la Policía salieron a “cazar” manifestantes, registrándose todo tipo de abusos en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017.
Privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, tortura, lesión grave, persecución de inocentes y robo fueron los hechos denunciados por los manifestantes, pero todos los casos quedaron en la absoluta impunidad.
Sin embargo, el suceso más luctuoso se registró poco después de la medianoche, cuando pelotones de la Policía Nacional ingresaron sin orden judicial a la sede del PLRA, donde se refugiaban manifestantes y legisladores. Ni en la dictadura se dio un caso así, en que “fuerzas del orden” irrumpan en la sede del principal partido opositor del Paraguay.
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