La situación de aislamiento de Alto Paraguay por la falta de caminos de todo tiempo, que una vez más afecta a unos 18.000 pobladores de los cuatro distritos del departamento, es producto de la corrupción. La clase política de la zona, funcionarios del MOPC y empresas viales privadas forman parte de esa cadena que corroe a la comunidad.
En 20 años de gobierno democrático, desde 1993 hasta 2013, se sucedieron en el cargo de gobernador 10 políticos y tuvieron a su cargo la administración de más de G. 350.000 millones. Sin embargo, no pudieron solucionar el problema de caminos, muchos de ellos fueron imputados y condenados por desvío de fondos de la institución.
En 2015 el Estado paraguayo destinó G. 30.000 millones para que las empresas viales Jónica, Edibiza, Proel y Coldetec reparen y acondiciones más de 600 kilómetros de caminos del departamento para que ya no haya aislamiento. Funcionarios del MOPC que fungieron de fiscalizadores concluyeron que los trabajos reúnen las especificaciones técnicas, pero en menos de 30 días de haber culminado las tareas y con las primeras lluvias la red vial quedó destrozada y la población incomunicada.
En tanto, la reparación o construcción de nuevos muros de defensa costera en las poblaciones ribereñas es una muestra del desinterés del MOPC. Ahora miles de personas corren peligro de sufrir los efectos de inundaciones ante la alarmante crecida del río Paraguay.
Las autoridades nacionales no toman en serio la seguridad de los pobladores, que también son paraguayos y defienden la soberanía en estos territorios lejanos.
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