El intendente de San Bernardino, Luis Aguilar (PLRA), admitió hace un par de días que se equivocó al firmar un leonino contrato con el empresario Afara Salomón Carrasco por término de cinco años, para la explotación exclusiva de las dos principales playas públicas de la villa veraniega: Rotonda y Ciclovía.
El acuerdo firmado por Aguilar y Salomón Carrasco es para “asesoramiento, promoción y gestión”. Las partes convienen que el empresario debe pagar G. 2.600 millones por el usufructo de las playas públicas mencionadas, de los cuales G. 500 millones deben ser en efectivo; inversiones en infraestructura física (no se especifican las obras) por G. 1.000 millones y la organización de eventos por G. 1.100 millones.
Uno de los puntos más groseros del contrato es que el primer pago, de G. 250 millones, la empresa lo hará recién en abril de 2021 (un año después de que termine el periodo de gobierno de Aguilar) y el saldo en dos cuotas de G. 125 millones pagaderos en 2022 y 2023, respectivamente.
Además, las inversiones serían con materiales desmontables a ser retiradas una vez finalizados los cinco años, a no ser que la Comuna realice un resarcimiento al “gestor” por la obra.
La Junta Municipal, cuyos integrantes aprobaron “sin leer” el “borrador” del contrato, agobiados por la presión de un grupo de ciudadanos, resolvieron retirar la autorizaron al intendente para la firma del leonino contrato, por lo que Aguilar debía anular la grosera entrega de las playas ubicadas a orillas del contaminado lago Ypacaraí. Dicho sea de paso, en casi tres años la administración comunal nada hizo para iniciar la recuperación del espejo de agua.
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