Luis Bareiro – @Luisbareiro
Si queremos encarar el problema de manera constructiva es necesario empezar reconociendo que el reclamo campesino es absolutamente válido. Cientos de miles de hectáreas de tierras del Estado fueron transferidas a empresarios, militares, amigos, parientes y correligionarios del dictador, sin que ninguno reuniera mínimos requisitos para beneficiarse con esa venta del patrimonio público a precios simbólicos.
A estos se suman otros cientos de miles de hectáreas que recibieron campesinos que sí eran sujetos de la reforma agraria, pero que terminaron vendiendo su derecho a la explotación de esa parcela, su “derechera”, a colonos brasileños o a grandes productores que acabaron acumulando inmensos latifundios mediante esta práctica.
Muy pocas de esas propiedades concedidas de manera ilegal siguen en manos de los beneficiarios originales o de sus herederos. La gran mayoría ha pasado de un propietario a otro a lo largo del tiempo. En teoría, el origen ilegítimo de la propiedad debería producir un efecto en cadena provocando la nulidad de todos los títulos generados con cada compra y venta, retornando el inmueble al patrimonio del Estado.
Suponer que tal prodigio sea posible en el sistema judicial paraguayo es desconocer el oscuro y pestilente pantano donde se cuecen los fallos judiciales. Aun si se lograra la recuperación de alguna que otra finca, no sería sino tras largos años de farragoso proceso tribunalicio. Existe además otro problema incluso mayor, muchas de esas propiedades, concedidas originalmente de manera ilegítima están hoy en manos de productivos colonos o pertenecen a modernas explotaciones agroganaderas. Expropiarlos supone destruir zonas productivas. Eso nunca puede ser bueno para un país, aunque se trata en...
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