En la órbita de la gestión del intendente Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), la Municipalidad de Ciudad del Este se ve envuelta en una trama de privilegios indebidos que favorecen a funcionarios cercanos al círculo íntimo del ejecutivo comunal. Mientras la mayoría de los empleados municipales apenas sobreviven con salarios raquíticos, algunos altos directivos son […]
Franciely Orquiola, jefa en la dirección de finanzas. No tiene título profesional, pero gana sueldo con categorización de “jefa”. Laura Machuca, fisioterapeuta de profesión, en la Municipalidad de CDE funge de jefa de auditoría interna, con un sueldo millonario.
En la órbita de la gestión del intendente Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), la Municipalidad de Ciudad del Este se ve envuelta en una trama de privilegios indebidos que favorecen a funcionarios cercanos al círculo íntimo del ejecutivo comunal. Mientras la mayoría de los empleados municipales apenas sobreviven con salarios raquíticos, algunos altos directivos son recompensados con cargos y remuneraciones inauditas, todo ello como resultado de su lealtad política más que por méritos profesionales.
El nepotismo y el favoritismo campan a sus anchas, desafiando los principios de equidad y meritocracia en la administración pública. Funcionarios, cuyo único logro parece ser su fidelidad al intendente o su participación en la campaña electoral, son agraciados con posiciones de poder y salarios exorbitantes, mientras que aquellos que realmente trabajan por el bienestar de la comunidad reciben una compensación indigna y con meses de atraso.
El caso del director de finanzas, Enrique Iván Portillo, es paradigmático. No solo logró acceder a su cargo por ser el hijo del concejal departamental Enrique “Tío Enri” Portillo, del equipo de Prieto, sino que también designó a su “amigo íntimo” Matías Britos Acosta como su secretario privado, otorgándole un salario desproporcionado de más de G. 5 millones, a pesar de tener apenas un título de bachiller. Fuentes fidedignas aseguran que incluso ambos viajaron juntos a Cancún (México), dejando sin salario a los funcionarios a finales del año pasado.
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