CAPIATÁ (Antonia Delvalle C., corresponsal). El centro de rehabilitación de adictos Transformando Vidas sigue operando y privando de manera ilegítima de su libertad a pacientes, sin asistencia profesional para contener las crisis por la que atraviesan, lo que desencadenó ayer en la autoeliminación de un hombre de 31 años. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) lamentó la actitud permisiva del Ministerio de Salud.
El establecimiento se encuentra en la compañía Kennedy de Capiatá y figura como responsable Natalia Barrios. La comisionada del MNP, Diana Vargas, quien se constituyó en el lugar, informó que el muchacho fue encontrado por un guardia, colgado de la viga de la sala donde fue ingresado en horas de la noche, sin asistencia de ningún psiquiatra ni la aplicación del protocolo en consideración de sus antecedentes.
Señaló que él ya había sido llevado al sitio por sus familiares en varias oportunidades y que la última vez fue hace unos cinco días, pero escapó. Fue traído de vuelta esposado, en una patrullera, como un delincuente. Ese local funciona bajo el ropaje de una fundación, pero percibe un monto mensual de entre G. 4 millones y G. 5 millones por cada paciente desde hace siete años, y sin tener habilitación del Ministerio de Salud.
El MNP desde el 2016 viene realizado un monitoreo y sacó un informe en octubre último en el que recomendaba la clausura inmediata y la intervención de la Superintendencia del Ministerio de Salud Pública en el sitio. Dicha dependencia resolvió clausura provisoria, que permitió por un lado que permanezcan los pacientes internados y el ingreso de casos de urgencia, lo que hizo que siguiera activo, lamentó Diana Vargas.
Afirmó que nunca pudieron hablar con el superintendente Domingo Mendoza y que el asesor jurídico designado por Salud Pública es el abogado Enrique Román.
Leer la nota completa en Diario ABC
