El MOPC reconoció ayer en rueda de prensa que sería posible invertir 110 millones de dólares en el aeropuerto Silvio Pettirossi sin necesidad de entregarlo a un privado por 30 años, como planean hacerlo bajo un esquema de alianza público-privada (APP). El proceso está afectado por varios hechos que generan dudas; el último tiene que ver con una auditoría ordenada por la Contraloría.
Cuando se le consultó ayer al ministro Ramón Jiménez Gaona por qué se consideró la entrega del aeropuerto por 30 años a través de una APP como única alternativa para financiar el plan de modernización, respondió que se trató de una “estrategia definida en el seno del equipo económico nacional, al arranque de su gestión”.
Reconoció que, efectivamente, nuestro país pudo o puede obtener fácilmente créditos de entidades como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), pero que se “identificó al aeropuerto como un proyecto que podía ser autosustentable y se tomó la decisión de encaminarlo hacia una alianza público-privada”. Esta “estrategia”, según argumentó el ministro, permite utilizar los fondos que podrían haberse destinado al aeropuerto en programas sociales. Reconocen auditoría a cargo de exfuncionaria
Sobre la denuncia de que la intervención de la Contraloría al proceso de APP para la modernización del aeropuerto sería una farsa y que la auditoría será hecha por una profesional que hasta hace poco era funcionaria del ministerio, Jiménez Gaona reconoció que, efectivamente, la auditora Viviana Espínola trabajó en el MOPC hasta diciembre pasado, pero se lavó las manos con el argumento de que es atribución de la Contraloría nombrar a sus auditores.
Aunque para el MOPC hay aún dos oferentes en carrera, si se tiene en cuenta el principal criterio de adjudicación, en este caso el mayor canon, ya hay un virtual ganador: Sacyr-Agunsa, que ofrece el 32,06% de los ingresos brutos que recaude al mes la terminal aérea.
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