El juez de Delitos Económicos Matias Garcete se declaró incompetente en entender la causa Nº 5756/2019 respecto a Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar, considerando que las víctimas son personas particulares, no entidades del Estado ni del sistema financiero, como exige la ley para que intervenga la justicia especializada. El magistrado mencionó que el […]
El juez de Delitos Económicos Matias Garcete se declaró incompetente en entender la causa Nº 5756/2019 respecto a Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar, considerando que las víctimas son personas particulares, no entidades del Estado ni del sistema financiero, como exige la ley para que intervenga la justicia especializada.
El magistrado mencionó que el juez Juan Pablo Mendoza remitió la presente causa al Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, de conformidad al Auto Interlocutorio Nro. 521 de fecha 18 de junio de 2025., «interpretando» que en el relato fáctico descripto en el auto de apertura, se verifica que el supuesto perjuicio ocasionado por el hecho punible de Estafa alcanza los jornales referenciados por la norma, y con ello, refiere que se cumple con el requisito estipulado en la Ley 6379/2019, art. 1 inc. C, y en el sentido de que el monto de dinero de dicho perjuicio supera el...
Durante su análisis, expuso que desde la perspectiva de una «interpretación sistemática», se constata que tanto el Código Procesal Penal como la ley especial y sus acordadas reglamentarias deben aplicarse en armonía con el principio de legalidad procesal y el respeto al juez natural. En este orden, si bien el Tribunal de Sentencia Permanente N.º 2 fue sorteado para conocer la causa, posteriormente fue remitida al Tribunal Especializado en Delitos Económicos. No obstante, el examen del auto de apertura a juicio oral y público evidencia (sin mayores roces) que la totalidad de las víctimas son...
“En términos de ‘interpretación sociológica’, resulta ‘imperioso’ advertir que la expansión indebida de la competencia de órganos especializados puede contrastarse con la seguridad jurídica. Aun cuando la cuantía del perjuicio sea considerable, no se constata en este caso la participación del Estado como víctima, circunstancia esencial para que opere la jurisdicción especializada conforme a la Ley 6.379/19 y la Acordada N.° 1.406/2020.”
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