El ministro del Interior, Francisco de Vargas, insinuó ayer que el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, tiene responsabilidad “penal, administrativa y hasta política” en el nuevo escándalo desatado con la venta de documentos al criminal más buscado de Argentina, Ibar Esteban Pérez Corradi. La pelea entre ambas autoridades se agrava cada vez más.
Francisco José de Vargas Benítez habló sobre las posibles consecuencias que pueden derivar del escándalo por la venta de una cédula y de un pasaporte paraguayos, con el nombre de un joven fallecido, al famoso narcotraficante Ibar Pérez Corradi, quien a su vez seguiría oculto en nuestro país y, específicamente, en Ciudad del Este.
“Si esto tiene que llegar hasta mí, que llegue. Tengo la conciencia tranquila”, declaró ayer el ministro del Interior en el espigón presidencial del aeropuerto “Silvio Pettirossi”, a la llegada del presidente Horacio Cartes desde Francia.
Al ser consultado si sabía sobre la supuesta investigación interna de la Policía que detectó la expedición irregular de los documentos, De Vargas reiteró que al ministerio no llegó la información, pese a que el destituido jefe del departamento de Identificaciones, comisario principal Gilberto Gauto Ramírez, había asegurado que incluso le comunicó de todo lo que pasaba al comandante de la Policía, comisario general Críspulo Sotelo Cáceres.
“El comandante (Sotelo) no se encuentra (en el país), tengo que reunirme y hablar con él”, adelantó el ministro del Interior, quien después fue más categórico al advertir sobre la situación del jefe de la Policía que “también están las responsabilidades no solo penales, sino administrativas y hasta políticas sobre este tema”.
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