Durante una audiencia virtual el 9 de marzo, el presunto narcotraficante “Memo Fantasma” fue acusado formalmente de lavado de dinero y conspiración criminal. Su abogado también al parecer está siendo investigado.
Guillermo León Acevedo Giraldo, en junio del año pasado y recluido actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá, sostiene que es inocente. Insiste en que él no es “Memo Fantasma”, un narcotraficante que comenzó su carrera en el , ni alias “Sebastián Colmenares”, fundador y líder del Bloque Central Bolívar (BCB), la facción más poderosa de las violentas Autodefensas Unidas de Colombia (). Estas dos identidades alternas fueron reveladas por InSight Crime en de 2020 que expuso la historia de Memo Fantasma y demostró que había estado viviendo en Madrid, España.
La estrategia legal de identidad errónea está siendo utilizada por el abogado de Acevedo, David Espinosa Acuña, quien recientemente emitió en el que reafirmaba la inocencia de Acevedo, incluso después de que algunas de sus propiedades avaluadas en millones de dólares han sido por el Estado. Los fondos obtenidos de la venta de dichas propiedades serán utilizados para de las víctimas del conflicto civil colombiano.
InSight Crime obtuvo evidencias documentales de una fuente de la Fiscalía General, según las cuales Espinosa Acuña está siendo investigado por actuar como testaferro de Acevedo, ocultando activos obtenidos mediante actividades ilegales. El documento señala que en agosto de 2021 se levantó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, que presentaba evidencia de que Espinosa es “un posible testaferro de Guillermo León Acevedo alias ‘Memo Fantasma’”. Y agrega que se está llevando a cabo una investigación sobre las acusaciones. Las investigaciones posteriores sobre la situación...
InSight Crime se comunicó con Espinosa para otorgarle el derecho a argumentar. No respondió de manera directa, pero sí publicó una carta en , en la que denuncia “esta macabra estrategia, que parece estar haciendo carrera en Colombia, y que pretende atacar la profesión de abogado penalista y generar una indebida presión sobre los operadores judiciales, merece todo nuestro repudio, rechazo y condena”.
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