El MEC solo puede mediar y en último caso imponer multas a instituciones que no se adecuen a las normativas de inclusividad, afirman. Si bien la ley es clara para garantizar derechos del niños, la única manera de que se cumpla es recurrir a la justicia.
A puertas del inicio del nuevo año escolar, se suceden varias denuncias contra instituciones educativas, sobre todo privadas, de presunta discriminación contra niños con trastornos de aprendizaje, quebrantando así la ley de inclusividad, que debería de garantizar el acceso a la educación a todos los niños sin distinción.
Ante está situación, el director general de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), César Martínez, afirmó que sus posibilidades de velar por los derechos de los niños se limita como máximo a imponer multas.
“Realmente, hasta ahí llega nuestra competencia, porque nosotros no somos un órgano con poder coercitivo. Solamente tenemos una resolución de faltas y sanciones, (que establece multas) de hasta G. 70 millones por la primera vez. Si es reincidente, también está establecido (otra cantidad). Digamos que hasta ahí llega nuestra competencia”, afirmó Martinez.
Específicamente, la ley establece sanciones por faltas; en la primera vez una multa de 50 a 100 jornales mínimos; por la primera reincidencia, de 100 a 300 jornales mínimos vigentes; y por una segunda, de 300 a 1.000 jornales mínimos.
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