Durante años, desde Bruselas se intentó instalar la idea de que oponerse a las políticas migratorias de la Unión Europea
Durante años, desde Bruselas se intentó instalar la idea de que oponerse a las políticas migratorias de la Unión Europea era una rareza, una excentricidad de gobiernos “díscolos”. Hoy esa narrativa se cae por su propio peso. Cada vez son más los países europeos que rechazan abiertamente las políticas migratorias ilógicas, centralizadas y obligatorias impulsadas por la UE, sin por ello renunciar al derecho de asilo ni a los principios humanitarios.
Lo que estos Estados cuestionan no es la ayuda al necesitado, sino el sistema de cuotas obligatorias de reubicación, contemplado en el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que pretende imponer desde Bruselas quién entra, cuántos entran y dónde se asientan. Una ingeniería social diseñada por burócratas lejanos a la realidad de las naciones.
En términos claros, el primer gobierno europeo que se opuso de manera frontal y sostenida a esta política fue Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, a partir de 2015, en plena crisis migratoria. Mientras la Comisión Europea impulsaba el reparto obligatorio de migrantes, Hungría fue el primer Estado miembro en decir no, denunciando que esas políticas violaban la soberanía nacional, ponían en riesgo la seguridad interna, alteraban la identidad cultural del país y carecían de respaldo democrático.
Orbán no se limitó a discursos. Actuó. Protegió sus fronteras con vallas, criminalizó el ingreso ilegal, convocó a un referéndum nacional contra las cuotas migratorias y llevó su enfrentamiento con Bruselas a los tribunales europeos. Marcó así una ruptura política inédita con la narrativa dominante de la UE. Luego se sumarían otros países del Grupo de Visegrado —Polonia, República Checa y Eslovaquia—, pero el precedente ya estaba fijado: un Estado dispuesto a defender su soberanía frente al dogma migratorio europeo.
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