La Fiscalía de Estados Unidos reveló que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habría mantenido una red de sobornos a funcionarios públicos de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela, con el propósito de acceder a información confidencial y garantizar protección frente a los organismos de seguridad.
La acusación sostiene que estos pagos facilitaron la continuidad de sus operaciones vinculadas al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no divulgaron las identidades de los funcionarios paraguayos presuntamente involucrados.
Los nuevos señalamientos forman parte de un escrito judicial presentado el 11 de noviembre ante el juez federal Rossie Alston Jr., del Tribunal del Distrito Este de Virginia. En el documento, el fiscal Anthony T. Aminoff solicitó autorización para incorporar al proceso evidencias relacionadas con otros hechos delictivos atribuidos al narcotraficante. El juicio está previsto para enero de 2027 y contempla acusaciones por conspiración para el tráfico de cocaína, lavado de activos y narcoterrorismo.
De acuerdo con la investigación estadounidense, Marset habría desarrollado un sistema de corrupción y amenazas para asegurar el funcionamiento de su organización criminal en distintos países sudamericanos. Los investigadores sostienen que utilizaba importantes sumas de dinero para obtener colaboración de agentes estatales, mientras recurría a intimidaciones y actos violentos contra quienes se negaban a cooperar. Esta modalidad, identificada como la estrategia de "plata o plomo", le habría permitido evadir controles y anticiparse a posibles procedimientos policiales.
La documentación judicial señala expresamente a Paraguay entre los países donde el acusado habría comprado información y protección de funcionarios gubernamentales. Para los fiscales, estos vínculos fueron fundamentales para sostener la estructura criminal, mantener abiertas las rutas internacionales del narcotráfico y reducir los riesgos de intervención de las autoridades. Sin embargo, el escrito conocido públicamente no individualiza a los agentes paraguayos que habrían recibido los pagos ni precisa las instituciones a las que pertenecían.
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