La transición de la compra al alquiler de máquinas de votación, sumada a la propuesta de la oposición de volver al voto en papel, consolidó la controversia que marcó y sigue marcando la agenda política de este año.
En 2025, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) impulsó la compra de 28.000 máquinas de votación, con un presupuesto aproximado de USD 92 millones, con el objetivo de modernizar el sistema y garantizar la disponibilidad de los equipos para futuras elecciones. Sin embargo, la licitación encontró objeciones de oferentes y denuncias de posible direccionamiento, lo que derivó en la suspensión del proceso.
Tras semanas de tensión, el TSJE no pasó voluntariamente al sistema de alquiler, sino que lo hizo presionado por sectores de la clase política, principalmente desde el Congreso, donde referentes oficialistas y aliados coincidieron en que la compra millonaria debía frenarse.
Legisladores advirtieron que insistir con la licitación afectaría la credibilidad de la institución y pusieron sobre la mesa la necesidad de un mecanismo más "rápido" para cumplir con los plazos electorales. Ante esa presión, el TSJE terminó cambiando de estrategia.
Finalmente, se abrió un proceso para alquilar 18.000 máquinas con un presupuesto cercano a USD 30 millones.
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