La Justicia Electoral rechazó cualquier relación contractual con la empresa tecnológica del Grupo Vázquez, luego de que el exvicepresidente de Ueno Bank, Julio Rey Fernández, revelara ante la Fiscalía supuestas transferencias de Comitia a Itti por la adjudicación de las máquinas de votación.
La polémica vuelve a poner bajo cuestionamiento un contrato de aproximadamente USD 35 millones, otorgado a un consorcio que quedó como único oferente pese a las observaciones sobre el cumplimiento de 26 pruebas técnicas.
La declaración del exvicepresidente de Ueno Bank, Julio Rey Fernández, ante el Ministerio Público abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre las contrataciones de la Justicia Electoral. El exdirectivo señaló la existencia de supuestos pagos realizados por Comitia a Itti, empresa tecnológica perteneciente al Grupo Vázquez, relacionados con la adjudicación del servicio de arrendamiento de máquinas de votación para las elecciones municipales de octubre de 2026.
Las afirmaciones provocaron una reacción del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presidido por Jorge Bogarín González, que emitió un comunicado para deslindar a la institución de cualquier vínculo contractual con Itti. Sin embargo, el pronunciamiento no aportó una verificación documental específica sobre las transferencias mencionadas por Rey, sino que se concentró en las explicaciones proporcionadas por la propia empresa adjudicada.
Durante su declaración ante los investigadores del caso Ueno Bank, Rey sostuvo que tenía conocimiento de una participación del Grupo Vázquez en las operaciones relacionadas con la provisión de los equipos electorales, aunque admitió desconocer el alcance exacto de esa vinculación.
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