El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar a la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público en favor al oficial de justicia, Hugo Ignacio Lafuente, procesado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso en el marco de la trama conocida como mafia de los pagarés. Lo resuelto […]
El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar a la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público en favor al oficial de justicia, Hugo Ignacio Lafuente, procesado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso en el marco de la trama conocida como mafia de los pagarés.
Lo resuelto por el órgano jurisdiccional se funda primeramente en lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, la prisión preventiva constituye una medida de carácter excepcional, cuyo dictado solo se encuentra autorizado cuando resulte indispensable para las diligencias del juicio. Esta cláusula constitucional consagra el principio de ultima ratio en materia de privación de libertad en etapa procesal, orientando a los operadores jurídicos a preferir mecanismos menos gravosos para los derechos fundamentales del imputado, en atención al principio de presunción de inocencia.
Por su parte, el artículo 242 del Código Procesal Penal establece los requisitos materiales y concurrentes que deben verificarse para la procedencia de la prisión preventiva. Entre ellos, se exige la existencia de hechos suficientes que permitan sostener razonablemente un peligro de fuga o de obstrucción, lo que implica una valoración concreta y circunstanciada del caso.”
“Ahora bien, el artículo 245 del mismo cuerpo legal introduce una directriz categórica: aún cuando se hallen reunidos los presupuestos legales para el dictado de la prisión preventiva, el juzgador debe valorar si dicho riesgo procesal puede ser neutralizado mediante la imposición de una medida menos restrictiva de la libertad personal. ”
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