Mientras en el interior del recinto se desarrollaba la audiencia de imposición de medidas para siete imputados —entre ellos la
Mientras en el interior del recinto se desarrollaba la audiencia de imposición de medidas para siete imputados —entre ellos la jueza Norma Ortiz, la actuaria Elena Ojeda y el oficial de justicia Patrocinio Almada—, afuera, el testimonio de Zárate desnudaba la sofisticación de un esquema criminal que opera desde las entrañas del Poder Judicial.
En declaraciones a RCC Radio, recordó que su calvario comenzó con una ficción jurídica. El esquema no se limitó a falsificar su firma; reconstruyeron su identidad civil para que encajara en un proceso ejecutivo. «Inventaron una actividad económica y laboral. Me denunciaron como si fuera una enfermera que trabajaba en Emergencias Médicas, cuando mi profesión es totalmente distinta», relató Zárate con indignación.
Incluso la dirección declarada en el expediente era un fantasma: una calle inexistente que, sin embargo, correspondía geográficamente a la propiedad de un conocido empresario y exdiputado. A pesar de que el Ministerio de Salud remitió informes oficiales al juzgado confirmando que Zárate nunca fue funcionaria de dicha cartera, la maquinaria judicial no se detuvo. El juicio continuó hasta llegar a una orden de remate de sus bienes.
El monto en disputa, un pagaré de G. 4.711.000, supuestamente adquirido por el estudio jurídico «Toledo y Asociados», es hoy inalcanzable para la justicia. Sila denuncia una táctica recurrente: el abogado ejecutor alega que el documento original «se extravió» años atrás.
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