El Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo solicitaron informes a los ministerios de Educación y Salud, como primera acción para atención a víctimas de pagarés irregulares, ante la falta de expedientes físicos en los juzgados de paz.
El Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo iniciaron acciones conjuntas para atender a las víctimas de la estafa masiva por la emisión irregular de pagarés.
En ese sentido, ambas instituciones empezaron a trabajar en la conformación de grupos de trabajo y la estrategia jurídica a ser implementada.
Sin embargo, tropezaron con inconvenientes al no encontrar algunos expedientes físicos en los juzgados de paz, lo que dificulta plantear una acción de forma inmediata.
A raíz de esto, se busca individualizar a las personas afectadas, solicitando a los ministerios de Educación y Salud, donde hay más afectados, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, que provean una lista de los funcionarios públicos dependientes de la institución, cuyos salarios se hallen gravados por embargos trabados en el marco de juicios ejecutivos promovidos en cualquiera de los juzgados.
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