En la acusación presentada contra 61 encausados por el caso “mafia de los pagarés” el Ministerio Público revela un rosario de irregularidades en la tramitación de expedientes en los juzgados de Paz de La Catedral 2° Turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta. De 2.271 expedientes analizados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero detectaron 791 casos de notificaciones “voladoras” y otras anomalías en 675 resoluciones dictadas por los jueces acusados.
Las acusaciones presentadas contra las juezas de Paz Carmen Analia Cibils Miñarro, de La Encarnación; y Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, de La Catedral 2° Turno; los exjueces de Paz Victor Nilo Rodríguez Acosta (La Recoleta) y Liliana Mabel González de Bristot (San Roque), y otras 57 personas, entre actuarios, ujieres notificadores, abogados y oficiales de Justicia; desnudan cómo funcionaba el esquema criminal del caso “”.
En los cuatro escritos conclusivos presentados en la madrugada de este miércoles último, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero relatan las irregularidades detectadas en los expedientes tramitados en los mencionados juzgados de Paz, entre los años 2022 y 2024.
Los agentes del Ministerio Público señalan que los jueces y los demás acusados “torcieron el derecho” con notificaciones pre elaboradas y presentadas en blogs por los representantes de las empresas demandantes, “super ujieres” que entregaban notificaciones “voladoras” y hasta con informes falsos de estos funcionarios sobre la supuesta comparecencia de los demandados en los juzgados de Paz.
Sobre el punto, la fiscalía afirma que los jueces y ex jueces de Paz acusados “dictaron resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho, dado que con el conocimiento de la falsedad de la realización de las notificaciones así como de las intimaciones de pago y embargos ejecutivos, manifestaban en sus resoluciones que los deudores fueron notificados y que éstos no comparecieron a reconocer sus firmas.”
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