Desde el sector reformista del régimen de Nicolás Maduro se intenta imponer un nuevo proceso de negociación y diálogo, distanciado y diferenciado del esquema que se había mantenido en las conversaciones promovidas por Noruega, primero en Barbados y después en México.
El proceso que aspira a imponer el régimen de Maduro es similar al desarrollado en 2018 en paralelo a las conversaciones que se mantenían con la oposición. En ese momento, el grupo de partidos y dirigentes políticos disidentes de la oposición formó junto al Partido Socialista Unido de Venezuela la llamada “Mesa de Diálogo Nacional”, instancia que se utilizó para designar una nueva autoridad electoral que solo logró mantenerse en funciones durante seis meses y modificar sustancialmente el sistema de elección para los comicios parlamentarios celebrados en 2020.
Desde el Gobierno Interino de Juan Guaidó se alerta que este proceso busca “eludir el memorando de entendimiento suscrito con la Plataforma Unitaria, al impulsar un diálogo en dónde pueda imponer su agenda e incluir a factores políticos que se han prestado para la judicialización de los partidos de oposición”. Desde esta perspectiva Maduro solo “busca forzar a que las fuerzas democráticas acepten como interlocutores válidos a actores funcionales al régimen”.
En paralelo, el gobierno de Maduro retoma las amenazas en contra de la ya disminuida Plataforma Unitaria, al vincularla con Biagio Garófalo, quien fue detenido en Colombia presuntamente por narcotráfico.
Sin embargo, la mayoría de los analistas consideran que la estrategia de Maduro es avanzar en un proceso de pluralismo concertado, una vez que ha logrado tomar ventaja políticamente al Gobierno Interino.
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