Los vecinos del barrio Santa Inés de Presidente Franco finalmente lograron el compromiso de la Municipalidad para clausurar las canteras que operan irregularmente en la zona. Sin embargo, detrás de esta problemática emerge un entramado de corrupción y negligencia institucional que permite a estas empresas explotar recursos naturales sin el más mínimo criterio técnico ni […]
El MADES otorga licencias a estas canteras, que operan en un barrio urbano y destruyen el medio ambiente, ignorando inclusive la Ley Nº 4738/2012 que declara la zona de los Saltos del Monday como Área Silvestre Protegida.
Los vecinos del barrio Santa Inés de Presidente Franco finalmente lograron el compromiso de la Municipalidad para clausurar las canteras que operan irregularmente en la zona. Sin embargo, detrás de esta problemática emerge un entramado de corrupción y negligencia institucional que permite a estas empresas explotar recursos naturales sin el más mínimo criterio técnico ni ambiental, amparadas en licencias otorgadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), presumiblemente a cambio de coimas. También se presume de complicidad de fiscales del medio ambiente y de la Dimabel...
El pasado martes, los propietarios de las canteras afectadas se presentaron ante la Junta Municipal para solicitar una prórroga de cinco años con el argumento de que necesitan tiempo para trasladarse a otras áreas, como Puerto Península o Los Cedrales. Los empresarios advirtieron que, en caso de que la Municipalidad mantenga la clausura, recurrirán a instancias judiciales para revocar la decisión. Este hecho ha generado indignación entre los pobladores, quienes cuestionan cómo estos negocios, a pesar de sus graves impactos ambientales y sociales, cuentan con el respaldo del MADES.
La legalidad de las licencias expedidas por el MADES siempre ha sido objeto de controversia. Los vecinos denuncian que estas habilitaciones fueron obtenidas mediante pagos irregulares, ya que, de otro modo, no se explicaría la continua operación de las canteras a pesar de las constantes quejas por contaminación, explosiones y daños estructurales en viviendas cercanas. El Ministerio Público, que debería investigar de oficio estos hechos, hasta el momento ha hecho caso omiso a las denuncias.
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