Recientemente, un grupo de personas invadió casas construidas por Senavitat en un predio adquirido por esa entidad en Ciudad del Este, para su programa de vivienda social. Los invasores están sindicados como protegidos del “clan Zacarías”, quienes fueron complicados en esta acción por una operadora y exempleada doméstica del matrimonio formado por la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y el influyente político Javier Zacarías Irún, quien anteriormente implicaba al presidente Horacio Cartes en el narcotráfico y hoy es su amigo íntimo. La ocupación de espacios públicos, que también se produce en nuestra capital y en otros lugares, es uno de los recursos más explotados por caudillos políticos, que ven en los inmuebles estatales y municipales un recurso al cual tranquilamente pueden echar mano para alimentar el clientelismo y el prebendarismo. Agudizado gravemente en épocas de campañas electorales, este mal dejó a nuestro Estado y a nuestras municipalidades de todo el país casi sin inmuebles. Estos populistas están comprometiendo gravemente el futuro: rifan los bienes que deben reservarse para nuestros descendientes.
Durante la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 pasados, un grupo de personas invadió casas construidas por Senavitat en un predio adquirido por esta entidad estatal en el distrito de Ciudad del Este para el cumplimiento de su programa de vivienda social. Los invasores están sindicados como protegidos del “clan Zacarías”, conocidos políticos colorados de la zona, quienes fueron complicados en esta acción por una operadora del clan citado, Aída Molinas, exempleada doméstica del matrimonio Zacarías Irún-McLeod. Esta señora hoy funge de “asesora adjunta” de la Municipalidad...
“La misma ministra de Senavitat tiene la potestad de tomar el teléfono y ordenar el desalojo”, declaró el profesional que representa a los antiguos propietarios (que todavía no terminaron de cobrar el precio de la venta del predio). Pero, en definitiva, quien tiene dicha potestad y debe tomar la iniciativa es el presidente Cartes. No lo hará, seguramente, ya que se trata de un ilícito cometido por gente que dentro de muy poco tendrá que votarle y que, además, responde a su “cuate” íntimo... del momento.
La ocupación de espacios públicos viene convirtiéndose en uno de los recursos más explotados por los caudillejos políticos, que ven en los inmuebles estatales o municipales un recurso al cual tranquilamente pueden echar mano para alimentar el clientelismo y el prebendarismo. Agudizado gravemente en épocas de campañas electorales, este mal dejó a nuestro Estado y a nuestras municipalidades de todo el país casi sin inmuebles.
Llevar a la gente sin recursos, “sin tierras”, “sin techos”, etc. (y también a algunos que poseen terrenos o viviendas alquiladas), a ocupar por la fuerza un predio fiscal o municipal, es presentado por los políticos envueltos en ello como un procedimiento social legítimo y justo. La falacia que preside esta barbaridad consiste en que, como se dice que todos tienen derecho a una fracción de suelo y a un techo digno, tal principio debe encarnarse en esas personas específicas, esas que el “líder” escoge, conduce y dirige para perpetrar los actos ilícitos de usurpación.
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