Stephen J. Lubben © The New York Times 2016 En las últimas semanas hemos recibido la última entrega del prolongado –y algunos dirían incluso quijotesco– intento de explicar por qué algunas de las descomunales instituciones financieras estadounidenses estarían contempladas en la ley de bancarrotas, en caso de que llegaran a quebrar. La ley Dodd-Frank, promulgada... Leer Más
En las últimas semanas hemos recibido la última entrega del prolongado –y algunos dirían incluso quijotesco– intento de explicar por qué algunas de las descomunales instituciones financieras estadounidenses estarían contempladas en la ley de bancarrotas, en caso de que llegaran a quebrar.
La ley Dodd-Frank, promulgada en el 2010 en respuesta al colapso de Lehman Brothers y a la casi quiebra de muchas instituciones en el 2008 y el 2009, requiere que todas las instituciones financieras grandes, incluso las filiales estadounidenses de establecimientos financieros extranjeros, preparen planes para explicar cómo se enfrentarían a una situación como la de Lehman.
Este ejercicio es congruente con la noción de que la “autoridad de liquidación ordenada”, sistema de insolvencia en que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos actuaría como destinataria de una institución financiera en apuros, está para actuar solo como mampara para los procedimientos normales de bancarrota.
Algunos analistas, especialmente en el extranjero, consideran que esta es una tarea inútil. Los reguladores bancarios en particular parecen escépticos respecto del papel en el proceso de resolución de un juez de quiebras, que obviamente no tendría relaciones anteriores con la institución financiera.
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