En los últimos tres años, las ocho organizaciones políticas representadas en el Congreso recibieron de los contribuyentes, en concepto de aporte estatal, un total de 110.000 millones de guaraníes (casi 20 millones de dólares). Este descomunal monto, según la ley, debe destinarse a actividades específicas bien determinadas, pero de las que la ciudadanía no tiene la menor noticia. No es aventurado afirmar que casi un tercio del dinero público que va a parar a los partidos no es empleado para las actividades de formación, capacitación e investigación ordenadas por el Código Electoral, sino que se agrega a la suma destinada a mantener el aparato o termina en bolsillos privados. En efecto, mientras no se conozca el destino que se da al dinero de todos, la ciudadanía tiene derecho a presumir que una parte considerable –si no todo– del aporte estatal está siendo malversada. Dado lo poco o nada que hacen para cumplir con los fines que les indica la Constitución, los partidos resultan así unos onerosos parásitos. Juan Pueblo no tiene por qué seguir cargando con el financiamiento de unas entidades que solo sirven de trampolín para que muchos sinvergüenzas accedan a jugosos privilegios.
En los últimos tres años, las ocho organizaciones políticas representadas en el Congreso recibieron de los contribuyentes, en concepto de aporte estatal, un total de 110.419 millones de guaraníes (casi 20 millones de dólares). Este descomunal monto debe destinarse, según la ley, a dar a conocer a los ciudadanos sus programas, propuestas, principios y valores; capacitar a sus simpatizantes y afiliados para el ejercicio de funciones ligadas a los fines de los partidos; investigar la realidad nacional; y solventar sus necesidades operativas y administrativas. El Código Electoral dispone además...
Para empezar, ¿está enterado el común de los paraguayos del ideario de aunque sea una sola de las entidades políticas que tienen una banca o de las que no la tienen, pero lograron al menos el 2% de los votos y también reciben el aporte estatal? La respuesta es obvia, pues no se puede informar a la población de algo inexistente de hecho, porque nuestros políticos no tienen ideales sino ambiciones. El ideario-programa del PLRA, por ejemplo, data de 1965 y alude a la desaparecida Alianza para el Progreso –un programa de ayuda de Estados Unidos a América Latina que estuvo en vigencia entre 1961...
Si son veintisiete los registrados en la Justicia Electoral, las eventuales diferencias ideológicas entre la gran mayoría de ellos serían sumamente sutiles. Esta es la razón por la que los beneficiarios del dinero público tengan serias dificultades para cumplir con lo que manda el Código Electoral en lo que a esta primera cuestión respecta.
En cuanto a la segunda, estrechamente ligada a ella, la Constitución dice que los partidos deben “concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”. ¿Está alguien enterado de que los simpatizantes y afiliados de los partidos sean capacitados por ellos para postularse a cargos electivos, concebir políticas públicas y transmitir a sus compatriotas lo que la Carta Maga dispone sobre los derechos y deberes políticos? De nuevo aquí, es imposible transmitir aquello de lo que se...
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