Actualmente, la determinación de actos ilícitos contra el debido control aduanero va adquiriendo mayor importancia por el objeto de tutela del bien jurídico, y por las diversas dificultades para la producción lícita. En tanto, la acción de “contrabando” promueve el ingreso o la extracción del territorio nacional de mercancías sin el arancel de los derechos administrativos vinculados a la vigilancia aduanera.
Ahora bien, la doctrina ha invertido construcción sobre el modelo de conducta de contrabando, considerando un tipo penal con elementos objetivos que advierte “conceptos” ligados al derecho de la hacienda pública, el derecho tributario y el derecho aduanero (por ser un tipo penal en blanco).
En tanto, la dogmática infiere sobre la adecuación de conductas preparatorias bajo el parámetro de regulación del derecho administrativo, puesto que existen fácticos en donde las figuras ocupan infracciones administrativas. Ello, en razón a que la discusión detrás de las acciones ilícitas denotan una delimitación de los derechos de aduana o aranceles tributarios/aduaneros.
Cabe destacar que la mayoría de los penalistas contemporáneos coinciden en que la estructura ontológica detrás de los delitos aduaneros es el doble carácter de los impuestos; es decir, desde los vértices de un instrumento fiscal de recaudo público y a partir de un instrumento de desarrollo económico.
En tanto, el parámetro de protección al bien jurídico se percibe desde la importancia que los impuestos de aduanas generan al fisco, mientras que, desde lo económico, podemos observar el detrimento a la producción de política financiera, lo cual incrementa inestabilidad e inseguridad en el orden económico.
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