El pasado miércoles, más de 60 intendentes solicitaron a los diputados respeto al “debido proceso” antes de aprobar un pedido de intervención municipal. Los intendentes están jugando con fuego y alimentan una crisis social provocada por el capricho de no cumplir la premisa de estos tiempos: la transparencia, un valor que está consagrado en la Constitución Nacional e incluso tiene una ley que deben cumplirla. De una buena vez tienen que entender que son funcionarios públicos, que la plata que administran es de la gente y que tienen que rendir cuentas.
El pasado miércoles, más de 60 intendentes solicitaron a los diputados respeto al “debido proceso” antes de aprobar un pedido de intervención municipal. Hablaron de transparencia y de no defender a corruptos, pero rechazaron ser auditados por el Ejecutivo.
La reunión, a pedido de los intendentes, fue con miembros de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, instancia en la que por cierto se vienen dilatando seis pedidos de intervención a las gestiones de intendentes cartistas y liberales.
Llama la atención este pedido ya que si es como dicen que todo es transparente y no hay nada que ocultar, entonces a qué le temen o están ganando tiempo para maquillar eventuales gestiones ineficientes.
Porqué buscan ampararse en corporativismos y el abroquelamiento de la protección política. Años de corrupción generaron descontento y la desconfianza de la gente y la única manera de recuperar la credibilidad y calmar el descontento es darle la garantía al pueblo de que su dinero es bien administrado.
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