Última Hora viene publicando una investigación de un caso que, a primera vista, se trata de un hecho de falta de ética, pero además entraña conflicto de intereses. Los intereses que, en este caso, se entrecruzan son los de una empresa privada –propiedad del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia– y los del Estado paraguayo. Juan Carlos López Moreira fue designado por Cartes para ejecutar planes en el sector de hidrocarburos. Al mismo tiempo, tiene acciones en una empresa que busca petróleo. Es inadmisible que esta situación se mantenga. López Moreira no puede seguir siendo juez y parte en el negocio del petróleo.
Actualmente, y después de haber vendido las acciones de la pequeña firma a la multinacional con sede en Londres, President Energy, el propietario de LCH SA, López Moreira, continúa en posesión de un porcentaje de acciones.
Los accionistas de LCH son ahora accionistas de President Energy y todo beneficio que recibiera la empresa también les beneficiaría a ellos, así como cualquier sanción les perjudicaría.
La firma multinacional cuenta actualmente con permiso para exploración de petróleo en cuatro bloques, todos en el Chaco. Con esto, es la empresa con mayores beneficios del sector, acumulando la mitad de las concesiones vigentes.
El empresario López Moreira tiene derecho a hacer negocios, y buscar sus propios intereses, pues vivimos en una sociedad de libre mercado. Pero su rol de funcionario de Gobierno es incompatible con el de empresario. Es un problema ético y ahí hay conflicto de intereses.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
