La jueza Rosarito Montanía dio cumplimiento a la resolución de un Tribunal de Apelación que revocó el arresto domiciliario de los trabajadores del volante.
Los mismos tienen la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, de portar arma, de cambiar de domicilio, la comparecencia de forma quincenal ante el juzgado y la fianza personal por cada abogado de G. 30 millones.
Los taxistas fueron imputados por el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz por perturbación de la paz pública y resistencia.
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