La Ley 5102/14 de Asociación Público Privada (APP) establece los proyectos que deben realizarse bajo esta modalidad y entre ellos cita taxativamente los portuarios. Aún así, la ANNP ignoró la norma y cedió, vía resolución, el puerto de Concepción por 20 años, con una posibilidad de prórroga.
“Los contratos de participación público-privada podrán comprender proyectos de infraestructura y gestión de servicios, incluyendo proyectos viales, ferroviarios, portuarios...”, se lee en el artículo 3° de la Ley 5102/14, de “promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliamiento y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida como ley de APP.
Así también, en su artículo 7°, establece que “el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será la entidad pública competente para el desarrollo, selección y adjudicación y ejecución de los proyectos”. “En caso de existir entes descentralizados, el MOPC asumirá las atribuciones necesarias para la celebración del contrato y su ejecución, sustituyendo a dichos entes en el ejercicio de dichas competencias”, añade.
Pero esta ley fue simplemente obviada por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), que, si bien es una institución autárquica, estructuralmente está ligada al MOPC. El argumento esgrimido por autoridades del ente fue que la APP rige para proyectos de US$ 5 millones como mínimo y que la envergadura de las inversiones en puerto de Concepción era menor, ya que fue establecida en US$ 3 millones en las bases y condiciones.
Sin embargo, finalmente, la empresa adjudicada en un proceso sumamente cuestionado, Baden SA, se comprometió a invertir US$ 11 millones en el plazo de los 20 años que durará la cesión.
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