La Jurisdicción Especial para la Paz atribuyó estos delitos a exintegrantes de las FARC y de la Fuerza Pública. Las investigaciones identificaron patrones sistemáticos de agresión contra mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
Colombia dio un paso significativo en el reconocimiento judicial de la violencia sexual y basada en género cometida durante el conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió dos imputaciones colectivas en el Macrocaso 11 y concluyó que estas agresiones no fueron hechos aislados, sino que respondieron a patrones criminales utilizados para someter, castigar, intimidar y controlar a la población.
Las decisiones alcanzan a once antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), 16 exmiembros del Ejército y dos exintegrantes de la Policía. Los hechos investigados incluyen ataques contra mujeres y niñas por razones de género, así como agresiones motivadas por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.
El reconocimiento representa un avance para miles de personas que durante años denunciaron abusos sin obtener respuestas suficientes en la justicia ordinaria.
En el caso de las antiguas FARC-EP, la JEP identificó dos patrones criminales. El primero comprende violencia sexual, amenazas y desplazamientos contra mujeres y niñas, en su mayoría campesinas, además de esclavitud sexual y violencia reproductiva.
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