Si en verdad rige el Estado de Derecho constitucional en el país, entonces la prensa es libre, determina sus actividades y su línea editorial. Y si es así, entonces los miembros del poder político deben saber que no tienen licencia para actuar en función a sus caprichos, fechorías e intereses en búsqueda de consolidar sus privilegios, pues se exponen a que la prensa los exponga a la ciudadanía.
En las democracias republicanas donde rige la publicidad de la cosa pública, cada uno de los miembros del poder político se deben a sus mandantes, el pueblo que los votó y; por tanto, la ciudadanía es la que les controla y les exige rendición de cuentas. La prensa no es más que un mensajero, a través del cual la sociedad se entera de lo que sus mandatarios hacen y si lo hacen bien o mal.
La prensa es un vehículo de informaciones que por la vorágine de hechos generados a cada instante en una sociedad cada vez más compleja, llega hasta el hombre y mujer de la calle y les comunica que algunos de los que fueron electos en la respectiva votación, no están precisamente haciendo lo que prometieron en sus campañas electorales.
Y si los miembros del poder político caen en corrupción, defraudando o robando al pueblo que les votó, entonces ese mismo pueblo tiene derecho a saber qué y cómo lo hicieron, siendo la prensa libre la que hará conocer esa preciosa información. La ciudadanía tomará luego sus recaudos, denegando su voto a los que ya no son de su confianza.
De ahí que informar al público sobre los hechos que guardan relación con las decisiones que llevan a cabo los funcionarios, electos y administrativos, es vital para evitar la concentración del poder, una detestable amenaza que no solo ocurre en las dictaduras, sino también en las democracias para degenerarlas y asestar su golpe mortal.
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