La pobreza no da fueros - Edicion Impresa - ABC Color

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Luego de conocerse la sentencia que condenó a varios campesinos en el “caso Curuguaty”, dirigentes del sector informaron que se realizó una “asamblea popular” para preparar una movilización de alcance nacional en la que se realizarán varios reclamos. Es innegable la licitud, aunque no la sensatez, de las demandas mencionadas por los dirigentes campesinos, ya que varias de ellas no dependen de la voluntad del Gobierno, contra el que apuntan los organizadores de la movilización. Los “piqueteros” rurales son tan prepotentes como los urbanos y deben ser combatidos con el rigor de la ley. Deben respetar, por ejemplo, el derecho de los demás de transitar libremente por el territorio nacional. Conviene también dirigir la mirada hacia quienes no son agricultores sino políticos inescrupulosos que no intervienen directamente en las manifestaciones, sino que desde las sombras manipulan a los labriegos como carne de cañón, en función de sus propios intereses. A este paso, resulta preocupante que las demandas y protestas formuladas en nombre de los pequeños labriegos parezcan apuntar más bien a provocar crisis políticas en beneficio de la izquierda radical.

Luego de conocerse la sentencia que condenó a varios campesinos en el “caso Curuguaty”, dirigentes del sector del departamento de San Pedro realizaron en la colonia Agüerito una “asamblea popular” para preparar una movilización de alcance nacional, que tendrá lugar en agosto próximo, según informaron. Sus objetivos serán exigir el retiro inmediato de la Fuerza de Tarea Conjunta de la zona, la liberación de los hermanos Víctor y Gregorio Morales, sospechados de brindar apoyo logístico al EPP, la derogación de la ley de seguridad interna, la reincorporación de los beneficiarios del programa...

Dejando de lado las cuestionables exigencias específicas, así como el vocabulario más bien propio de agitadores o de militares dispuestos a una batalla, viene al caso recordar que la primera parte del art. 32 de la Constitución declara que “las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho de no ser obligadas a participar de tales actos”.

Es innegable la licitud, aunque no la sensatez, de los reclamos mencionados, así que solo cabe esperar que quienes participen en las marchas lo hagan voluntariamente, sin recurrir a la violencia contra las personas y sus bienes, ni portar armas de cualquier tipo, aunque no lleguen a emplearlas. Los organizadores deberían precaverse, por cierto, de que no aparezcan “infiltrados”, como los que supuestamente actuaron en Marina Cue. Estas acotaciones vienen al caso porque jefes policiales que dirigieron operativos en esa zona manifestaron que en varias ocasiones, personas armadas, como el hoy...

Por otro lado, se puede confiar en que también los feligreses de la Iglesia Católica que estén presentes en las movilizaciones se ocupen de que ellas sean pacíficas. Los manifestantes deben respetar no solo la norma antes citada, sino también el derecho de los demás a “transitar libremente por el territorio nacional”, reconocido en el art. 41 de la Constitución.

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