Los recientes ataques por parte de segmentos de las AGC, uno de los principales grupos criminales de Colombia, a las fuerzas de seguridad colombianas generan dudas sobre la capacidad de sus líderes para unificar al grupo y comprometerse con el proceso de paz en curso en el país.
Al menos 18 personas han muerto en las últimas semanas en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, en actos de violencia en los que han participado las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo o los Urabeños, según la Procuraduría General del país. Como consecuencia, el presidente Gustavo Petro levantó esta semana el cese el fuego entre el gobierno y las AGC y ordenó a las fuerzas armadas reanudar las operaciones de seguridad en el país.
El cese el fuego estaba en vigor desde enero, poco después de que las AGC aceptaran unirse al emblemático proceso de Paz Total de Petro, en el que el Gobierno ha ofrecido negociaciones a más de una docena de actores armados.
Petro explicó que la violencia estaba relacionada con una protesta minera que ha paralizado partes del noroeste de Colombia en las últimas semanas. Los mineros, que a menudo trabajan en condiciones cuasi ilegales y peligrosas, exigen un mayor reconocimiento y mejores condiciones laborales. Mientras el gobierno entabló un diálogo con los mineros, Petro acusó a la AGC de agitar las huelgas mineras. El grupo obtiene importantes ingresos de la minería ilegal y ha sido acusado de utilizar el oro extraído ilegalmente para blanquear las ganancias del narcotráfico.
El Estado Mayor de las AGC rechazó el señalamiento del Presidente Petro y aseguró que el grupo ha acatado el cese al fuego bilateral.
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