La actitud asumida por el diputado del Partido Encuentro Nacional (PEN) Hugo Leandro Rubín Godoy, que hizo despedir a un periodista del medio de comunicación de su familia, por la “osadía” de cuestionar una posición suya en su calidad de legislador, muestra un nivel de intolerancia y autoritarismo muy cuestionable en alguien que ostenta un cargo por voluntad popular.
Son varios los legisladores de nuestro país que no tienen conciencia de que al asumir un cargo público como el que ostentan están a merced de las críticas de cualquier ciudadano o ciudadana por lo que hacen o lo que dejan de hacer.
La declaración de Rubín, admitiendo abiertamente que el despido del trabajador se debió a que lo había criticado en una red social, demuestra que, si pudiera y si estuviera en sus manos, tomaría represalias contra cualquier persona, sea periodista o no, que lo cuestione por su actuación como parlamentario. Aparentemente, considera que él es infalible.
De hecho, no es la primera actitud de este tipo de Rubín. Hace unos meses atrás discutió con la periodista de un diario en los pasillos de la Cámara de Diputados y eso motivó que el legislador llamara a ese medio y pidiera, infructuosamente, que la trabajadora de prensa fuera sacada de la cobertura parlamentaria. El problema fue que ella no dependía económicamente de su familia.
Uno de los aspectos funestos en cualquier régimen autoritario es la discriminación y la intolerancia que existen. Quienes hacen votos de fidelidad y obsecuencia al régimen de turno son premiados con cargos, dádivas y todo tipo de ventajas. Los que no están “a favor” son ignorados o, inclusive, perseguidos, apresados, torturados o exiliados.
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