La aparente ejecución extrajudicial del oficial de policía rebelde Óscar Pérez por parte de la dictadura de Venezuela el 15 de enero podría tener una mayor repercusión de lo que muchos creen: será una poderosa evidencia para ayudar a abrir una investigación sobre el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI).
No es un dato menor, porque no hay nada que Maduro le tema más que a ser juzgado por la CPI. A diferencia de las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, la CPI puede procesar a individuos –incluidos a presidentes– en lugar de a estados.
Si la CPI abre una investigación y encuentra culpable a Maduro, podría emitir una orden internacional para su arresto.
A juzgar por lo que escucho de expertos legales cercanos al caso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otras organizaciones de peso están cerca de presentar casos formales contra Venezuela en la CPI. La OEA podría hacerlo dentro de las próximas tres semanas.
Más importante aún, los 12 países latinoamericanos del Grupo de Lima, que ya condenaron el régimen de Maduro, podrían solicitar a la fiscal de la CPI que abra una investigación contra Maduro cuando sus cancilleres se reúnan en Chile el 23 de enero para hablar sobre Venezuela.
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