Apenas un mes antes de hacer su convocatoria de acreedores, en el seno de la Metalúrgica Fernández se gestó una transacción clave. Ángel Fernández Ozuna, presidente del directorio, le pagó a su hijo Anyelo Paolo Fernández con bienes de la empresa por la compra de sus acciones. Un año después, una nueva empresa, cuyo presidente es Anyelo Paolo Fernández, empezó a operar prácticamente en el mismo inmueble de la metalúrgica. La firma está investigada por millonarias supuestas estafas en la que cayeron desde docentes indígenas, corredores de bolsas y hasta bancos.
Los docentes de la comunidad La Armonía que denunciaron la estafa. Foto: La Nación
Siendo las 14:00 del 6 de junio del 2013, el directorio de la Metalúrgica Fernández se reunió en la sede de la empresa, ubicada en el km 16,5 de la Ruta 1, en Capiatá, para tratar un único tema: la venta y transferencia de acciones. Anyelo Paolo Fernández vendió sus acciones a su padre, Ángel Fernández Ozuna, presidente de la metalúrgica. Pero, como don Ángel Fernández no tenía dinero, decidió pagarle a su hijo con bienes de la empresa.
Así, maquinarias, muebles y otros pasaron a nombre de Anyelo Fernández. La operación se hizo bajo acta y fue aceptada por todos los miembros del directorio. Un mes después, el 5 de julio, el abogado Luis Leguizamón Storm, en representación de Metalúrgica Fernández, presentó oficialmente ante el juez de Capiatá, Manuel Gerardo Saifildin Stanley, el pedido para hacer la convocatoria de acreedores. ¿Qué significa esto? Es una solicitud para que la Justicia intervenga la empresa, principalmente, para ordenarla financieramente, pagar las deudas y luego ver su proceso de quiebra o salvación.
Pero, el magistrado Saifildin Stanley, que tuvo la rapidez de hacer ese mismo día el pedido de llamado –sí, el viernes 5 de julio del 2013– de reconocimiento judicial de la empresa en Capiatá y tanta celeridad para al lunes siguiente –8 de julio– aceptar la solicitud de convocatoria, no tuvo, sin embargo, la misma prestancia para designar al síndico de quiebras en este caso. Recién 8 meses después –y a pesar de que una condición exigida en la ley es dar participación al síndico lo antes posible– el abogado Camilo Benítez, designado por la Sindicatura, pudo tomar intervención en este caso.
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